La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ha lanzado una alerta crítica sobre el alarmante incremento de la trata de personas en la frontera sur de México. Según la asociación, el delito ha registrado un incremento superior al 30% en los últimos meses, lo que refleja una grave expansión de las redes de trata y una creciente preocupación sobre la efectividad de las medidas contra este crimen.
En una reciente rueda de prensa, la presidenta de Brigada Callejera, Elvira Madrid, expuso la preocupante situación en la que se encuentran muchas mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes. Madrid reveló que grupos delincuenciales han intensificado sus operaciones al establecer alianzas con redes criminales en Centro y Sudamérica, lo que les permite captar víctimas desde sus países de origen. Estas víctimas son trasladadas hacia México y Estados Unidos con el objetivo de ser explotadas sexualmente, y todo esto ocurre, según Madrid, bajo la complacencia de las autoridades locales.
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Deficiencias en la Ley contra la Trata de Personas
Madrid criticó severamente la Ley contra la Trata de Personas en México, calificándola de “letra muerta” y afirmando que la ley no ha tenido un impacto real en la lucha contra este delito. Denunció la corrupción entre las autoridades encargadas de combatir la trata, indicando que, a pesar de las detenciones, los tratantes frecuentemente quedan en libertad debido a la mala integración de las carpetas de investigación por parte de los agentes ministeriales.
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Alta Tasa de Impunidad y Vulnerabilidad de Tapachula
Elvira Madrid también destacó la alta tasa de impunidad en casos de trata de personas, mencionando que solo el 20% de las denuncias son procesadas de manera correcta. La situación es particularmente preocupante en Tapachula, una ciudad fronteriza que, según Madrid, se ha convertido en un punto crítico debido al tránsito de migrantes de 122 países en el último año. Estos migrantes son a menudo presa fácil para los grupos criminales que operan en la región.
La Brigada Callejera hace un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas efectivas y contundentes para combatir y erradicar la trata de personas, y para que se garantice que la Ley contra la Trata de Personas se aplique de manera adecuada, protegiendo así a las víctimas y asegurando que los tratantes enfrenten justicia.
