Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó pérdidas acumuladas de 1.3 billones de pesos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con resultados positivos solo en los años 2022 y 2023. Según los reportes de la empresa, en estos dos años Pemex logró utilidades de 100 mil millones y 109 mil millones de pesos, beneficiándose de una reducción en el pago del Derecho de Utilidad Compartida (DUC).
Sin embargo, el balance general sigue siendo desfavorable: en los primeros nueve meses de 2024, las pérdidas alcanzaron los 430.1 mil millones de pesos, la cifra más alta desde 2020, con una caída trimestral de 161 mil 455 millones de pesos, la peor para un tercer trimestre desde 2016.
Reforma fiscal y estrategia de sostenibilidad
Ante esta situación, Pemex ha comenzado a trabajar junto con la Secretaría de Hacienda en una reforma fiscal que permita a la empresa ser más competitiva y aprovechar recursos de manera óptima. Según Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, este ajuste fiscal permitirá reducir costos y enfocar las inversiones en proyectos estratégicos.
“Con este nuevo régimen, Pemex podrá desarrollar campos petroleros que antes no eran rentables”, señaló Rodríguez, explicando que la meta es mantener la seguridad energética de México y al mismo tiempo contribuir de manera estable a las finanzas públicas.
Capital necesario y apoyo gubernamental
El panorama actual plantea desafíos de financiamiento. Alejandra Marcos, directora de análisis en Intercam, considera que Pemex enfrentará necesidades de capital que alcanzan los 17 mil millones de dólares para el próximo año.
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De este total, 10 mil millones se destinarían a mantener la operación y 7 mil millones a cubrir vencimientos de deuda. “Pemex sigue siendo una carga financiera crítica para el presupuesto nacional”, comentó Marcos, anticipando que el apoyo del gobierno será clave para estabilizar la situación de la empresa.
Planes de colaboración y eficiencia operativa
Para mitigar las presiones financieras, Pemex busca optimizar sus operaciones con apoyo del gobierno y del sector privado, aunque los analistas señalan que la empresa requerirá acuerdos específicos. Ramsés Pech, socio de Caraiva y Asociados, cree que los contratos de obra pública podrían facilitar una mayor participación privada en proyectos de Pemex.
Sin embargo, advierte que ciertos esquemas, como los farmouts, pueden demorar mucho tiempo y no resultarían viables para las necesidades urgentes de Pemex.